Transitional justice and State responsibility: With regard to the Colombian State and the peace process/ Justicia transicional y responsabilidad del Estado: A proposito del Estado colombiano y el proceso de paz.

AutorValencia, Yennesit Palacios

Introduccion

America Latina ha sido en los ultimos anos el gran referente para los estudiosos de las transiciones politicas y para los agentes encargados de llevar a cabo tales transiciones (Cardozo, 2011: 13-14); contexto en el cual las reformas institucionales, la voluntad politica y judicial, las iniciativas sociales y los avances en legislacion internacional, han resultado determinantes en algunos eventos, para cambiar las inercias heredadas, como explica Aguilar (2013), de distintos contextos, inspirando a su vez, verdaderas acciones reivindicatorias. Las cuales han servido a gran escala para impulsar procesos de justicia transicional con canales alternos a las formas tradicionales de aplicar y crear el derecho.

Maxime cuando algunos escenarios se han enfrentado indistintamente a luchar contra un estado de cosas paroxisticas, asociadas todas ellas a desplazamientos y desapariciones forzadas, torturas, precarizacion de estandares minimos de bienestar, y, en el peor de los casos, a violaciones masivas y sistematicas de derechos humanos. Circunstancias que no son el ejemplo mas ilustrativo para el mantenimiento de solidos Estados de Derecho. No obstante, tal situacion ha sido la alerta mas inmediata para reaccionar ante malestares, que epoca tras epoca, se han mantenido de manera circular debilitando los derechos humanos que, precisamente, han surgido como explica Herrera, (2005), de arduas luchas sociales.

En tal sentido, ha cobrado vital importancia el impulso de procesos reivindicatorios, confiando en que al menos, en los terminos de O'donnell & Schmitter, "se pueda contribuir a que los activistas y estudiosos efectuen un analisis mejor informado y mas discriminativo sobre las capacidades potenciales, dilemas y limitaciones, que involucra el complicado proceso de derrumbe de la dominacion autoritaria y su posible remplazo por una solida democracia politica" (1991: 18). Sin embargo, ante la exigencia de construir escenarios de la lucha por la dignidad, dada la constante del camino a la barbarie registrado a lo largo de la historia, los impactos y resultados obtenidos en dichos procesos, han afectado de manera diferenciada, en mayor o menor medida a cada contexto.

Es por ello que este estudio llama la atencion para reflexionar sobre una coyuntura particular, pues dado su caracter paradigmatico, es de mayuscula observancia por su grado de complejidad, evolucion y persistencia, esto es, el referente colombiano; ya que la dinamica actual evidencia que Colombia se enfrenta a un caso sui generis (Aponte, 2009: 87), en el marco de la justicia de transicion (vease tambien Ambos, 2008). La razon es clara pero no menos compleja, no se puede desconocer que Colombia es una paradoja en lo que se refiere a la salvaguardia de los derechos humanos, es un pais que por antonomasia ha estado supeditado a olas de violencia producto de un conflicto armado que ha tenido como victimas a miles de personas, y aunque las mujeres han sido afectadas de manera especial por el uso de la violencia sexual (Villellas, 2010: 10) como tactica de guerra, (Consejo de Seguridad, 2008), es de advertir que tal situacion ha tocado fondo sin discriminar en edad, genero o sexo.

Ademas, la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares (kurtenbach, 2005: 28-32) aunque han aterrorizado durante decadas a sus habitantes, llaman la atencion de manera alarmante por los nexos probados que aquellos conservan con los mismos organos gubernamentales, a tal punto, que actualmente las demandas por casos de "parapolitica" desbordan la popularidad estatal en la materia. Lo anterior ha permitido que el escenario colombiano goce de gran particularidad, pues el accionar de los distintos actores armados perfectamente se asocia con la comision de crimenes internacionales (Rodriguez, 2000: 287-288). Esto en razon a la generalidad (1) y sistematicidad (2) en la que se han cometidos distintos actos de barbarie, algunos de ellos en zonas "sin ley" opuestas a las de civilizacion y legalidad (Lemaitre, 2011: 47). Consecuencia directa, como explica Sousa (2001: 39), del aniquilamiento de los derechos fundamentales, no solo por las infracciones al derecho internacional humanitario, sino por las violaciones masivas de derechos humanos, (3) lo cual ha dejado con el paso del tiempo un legado de abierta impunidad (Bonet & Fernandez, 2009: 53).

Por ende, el caso colombiano merece ser estudiado con profundidad, toda vez que aun con el advenimiento de las transiciones democraticas, Colombia es el unico pais en America Latina que mantiene viva las mas fuertes raices de un conflicto armado y, no obstante, algunos se atreven a hablar de manera apresurada de una epoca de pos-conflicto, lo cual es una afirmacion ademas de confusa, erronea.

Por lo tanto, este escrito se enmarca en un estudio que intentara reflexionar sobre los estandares internacionales en relacion a los procesos de justicia transicional, conexo a la responsabilidad del Estado en la defensa por los derechos de las victimas, detallando algunas luces y sombras sobre los retos que se aproximan, aun sin una respuesta contundente de los dialogos actuales en La Habana (Cuba), entre Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional. Estudio que a su vez sera soportado bajo la idea de que hablar de justicia transicional no puede significar un derecho a la verdad (cfr. Inter-American Comm'n H.R. 2014: 47-49) con olvido, pues una sociedad amnesica corre el riesgo de vivir no solo inmunizada al dolor sino invisibilizada, en tanto que, la memoria es una de las formas "viva" de recuperar la historia como forma de resistencia contra la impunidad. Escenario que implica hacer un estudio, aunque de modo sucinto, de lo que ha sido objeto de negociacion en La Habana, para precisar si esta en consonancia con los estandares internacionales en la materia.

  1. El caso colombiano: una transicion inacabada

    Con el advenimiento de progresivas olas de democratizacion se ha extendido en las ultimas decadas y de manera indistinta, un conjunto de negociaciones soportadas en un cumulo de principios y reglas derivadas del corpus iuris internacional, que pretenden dar respuesta a un periodo de crisis marcado por las graves y sistematicas violaciones de derechos humanos; las cuales han estado acompanadas de injustificadas perdidas humanas, generando millones de victimas en espacios de flagrante desproteccion. Circunstancias que han acarreado traumas (Dominick, 1998: 9-8) colectivos que no permiten dar paso a una epoca de postconflicto. Coyuntura que obliga a encontrar respuestas, muy pocas veces conciliables, en la pretension de crear procesos de justicia transicional que amparen el clamor de las victimas, en la pretension de conseguir verdad, justicia y reparacion.

    Sobre el particular, Colombia se ha visto enfrentada a diferentes problematicas, entre ellas, como explica Huntington (1994: 191), los problemas de transicion asociados al cambio drastico de leyes inadecuadas para la democracia y, prioritariamente, a como tratar a quienes han estado abiertamente comprometidos con las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, conlleva como efecto directo problemas contextuales y sistemicos. Los ultimos, derivados inter alias del funcionamiento del sistema democratico, y los contextuales, que son quizas, los que tocan mayor fondo, "se derivan de la naturaleza de la sociedad, su economia, su cultura y su historia, y en cierto sentido son endemicos del pais, cualquiera que sea su forma de gobierno" (191-192). En consecuencia, si se hace un analisis del contexto colombiano se observara que la presencia "endemica" del conflicto armado pervive a pesar de los anos en un escenario ambivalente y paradigmatico.

    En la medida que, desde 1948--con la denominada epoca de La violencia--hasta nuestros dias, subsisten las secuelas de una lucha armada con consecuencias inimaginables. Precisamente por el ejercicio de practicas aberrantes que parecen no encontrar limite en los bandos enfrentados, los cuales se han decantado por violaciones generalizadas y sistematicas de derechos humanos, dando lugar a practicas de tortura, asesinatos, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, entre otras, por la articulacion de los actores armados en franjas sin ley donde matar sigue siendo la norma.

    Por esta razon, en los anos noventa y en esta nueva era de la ilustracion, Colombia ha ostentado de lejos el peor expediente de derechos humanos del Hemisferio Occidental (Chomski, 2004: 87); con un conflicto que subsiste desde hace aproximadamente 60 anos, de los cuales 26 de ellos, involucraron procesos para lograr la paz y, sin embargo, la produccion historiografica (Velasquez, 2009: 19-219) en la materia, es escasa.

    Sin mas, el conflicto armado es una dinamica que se manifiesta con facetas que presentan profundas tensiones entre si, ya que las respuestas alternas al conflicto son de gran complejidad al encontrar como limite necesario la efectiva proteccion de los derechos humanos, justamente por los estandares internacionales en la materia, que de no seguirse, derivarian de iure, plena responsabilidad internacional para el Estado colombiano.

    1.1. Estandares internacionales en relacion a la prohibicion de leyes de amnistia en contextos de justicia transicional

    En Colombia, esencialmente, el centro del debate ha girado en torno a modelos aplicados de seguridad nacional y procesos de paz, junto con leyes de amnistia, que por consenso internacional es sabido, son nulas de manera absoluta, junto con las disposiciones de indultos y prescripcion, siempre que pretendan impedir la investigacion, procesamiento y sancion de los implicados en graves violaciones de derechos humanos, por ello se ha concluido que, aquellas deben ser inamnistiables e imprescriptibles, (4) ante el imperativo de cumplir con los estandares internacionales que exigen la aplicacion y desarrollo de un marco normativo, que en todo caso, debe garantizar la proteccion de los derechos...

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