Crisis del Derecho del Trabajo y Políticas de Austeridad (Sobre la Reforma Laboral Española de 2012)

AutorAntônio Baylos
Páginas115-124

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1. Europa atrapada en la autodestrucción del modelo social

La salida de la crisis que ha elegido Europa se resume en el relanzamiento del beneficio empresarial y en la desestructuración de los sujetos colectivos que representan al trabajo asalariado. Para ello se actúa directamente en el terreno de la producción, mediante las llamadas "reformas estructurales" que conducen a la modificación permanente de la regulación laboral, y simultáneamente en el terreno social, debilitando y en algunos casos destruyendo literalmente las estructuras de asistencia, de protección y de defensa económica de los ciudadanos colocados en una situación de subalternidad social, proscribiendo las nociones de servicio público y de gratuidad en las prestaciones básicas.

Es un diseño ya experimentado en la década de los noventa del pasado siglo en países en vías de desarrollo, como Latinoamérica, y que ha generado un evidente efecto destructivo sobre el ambiente social, ecológico y cultural de este mundo global. Este es el significado profundo de la contrarrevolución que se inició en los años 1980 en la Inglaterra de Thatcher y en los Estados Unidos de Reagan. La relación de estas políticas de destrucción y privatización de las estructuras sociales que garantizaban niveles mínimos de cuidado y de servicio con la escasez y la generación de nuevos chantajes sobre el trabajo en un mercado laboral cada vez más informal y flexible, es un fenómeno político puesto de manifiesto por muchos analistas1.

En este proceso que dura ya desde la primera crisis griega en mayo del 2010, cabe constatar la pérdida de la soberanía política - democrática del Estado - nación en Europa, y su sometimiento a un estado de excepción económico heterodirigido. Esta excepcionalidad basada en una situación económica expresada en términos de desvalorización de las deudas soberanas en los mercados financieros, anula o suspende los procedimientos democráticos previstos incluso en los respectivos textos constitucionales en los distintos ordenamientos nacionales. La subordinación de las garantías y formas democráticas a la lógica del rescate financiero o a la prevalencia de la satisfacción de los deudores, construye un nuevo guardián de la constitución, material y económica, de mercado, en una Unión Europea fundada sobre las grandes libertades económicas fundamentales. La grave confrontación entre democracia y libre empresa y mercado se revela dramáticamente en el caso griego, pero las cartas del presidente del banco central europeo a los gobiernos democráticos de España e Italia indicando de forma insolente las reformas que deben necesariamente llevar a término, suponen un signo evidente de este menosprecio del marco democrático por parte de las autoridades reguladoras del mercado. En el caso español, la carta -secreta aún - del BCE dio lugar al acuerdo entre los dos grandes partidos para reformar la constitución española con el objetivo fundamental de evitar que los ciudadanos españoles pudieran participar con su voto en la aprobación o rechazo de la reforma constitucional planteada.

En el caso español esta doble vía de acción contra lo público y lo colectivo se acompaña de una crisis de las garantías democráticas básicas, virtualmente suprimidas en el curso de un proceso de reformas y de toma de decisiones justificadas en la necesidad o en la irresistible imposición externa de los poderes económicos y financieros. La crisis de la democracia - "por arriba" y "por abajo" en la explicación de Ferrajoli2 - se acentúa y los rituales democráticos fundamentales, las elecciones

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políticas, el proyecto diferenciado de sociedad que presentan los partidos, el respeto de la voluntad popular expresada en los resultados electorales, han sido pulverizados como consecuencia de la reacción ante la crisis. La indiferencia del proyecto político defendido por los partidos institucionalizados y la anulación de cualquier atisbo de soberanía popular en la adopción de medidas de alcance general es una realidad alentada además por unos medios de comunicación dominados por un poder económico concentrado que vacía de contenido el derecho a una información veraz, anulando sus garantías. Las reformas laborales se han realizado desde mayo del 2010 por el procedimiento de excepcional urgencia y necesidad, evitando la discusión previa y pública en el parlamento de los textos de reforma. La reforma de la constitución, que ha restringido de forma importante el alcance y la extensión de la cláusula social de la misma, se ha efectuado - "con sentido de Estado" - mediante un pacto entre las oligarquías burocráticas de los partidos mayoritarios excluyendo expresamente someter el texto al refrendo de la voluntad popular. Los mecanismos democráticos se presentan como "formalismos" que enervan la toma de decisiones "necesarias", de manera que se dejan de lado en la práctica de la "gobernanza" y se sustituyen por impulsos y automatismos predeterminados y codificados en otro lugar, en el nivel donde se adoptan las decisiones, y cuya traducción en los diferentes espacios nacionales se realiza cada vez más con opacidad y autoritarismo. Triunfo del principio oligárquico, es la afirmación de "un largo Termidor" en las sociedades europeas del siglo XXI3.

La experiencia española última, en donde las reformas postuladas no son conocidas por los ciudadanos hasta su aprobación por el Consejo de Ministros, ha generado una costumbre de gobierno en la que se da por hecho que estos tiempos son malos pero vendrán tiempos peores, o, lo que es lo mismo, que las reformas "más dolorosas" para la ciudadanía están por llegar y aunque no se sabe en qué van a consistir, es lo cierto que llegarán y "exigirán más sacrificios". Es posible que practicando tal hermetismo amenazante se pretenda excitar en la sufrida ciudadanía social imágenes variadas de distopías atravesadas por angustiosas pesadillas y de una sensación de miedo invencible al futuro con efectos paralizantes.

La doble vía de intervención frente a la crisis, en el terreno de la producción y en el terreno social, se ha ido desplegando en España desde mayo del 2010 a través de un proceso ininterrumpido de cambios normativos en una escalada articulada entre disposiciones estatales y de comunidades autónomas. En el primer terreno, el de la producción, la normativa española ha profundizado paulatinamente en forzar espacios cada vez mayores de flexibilización del trabajo en paralelo a un proceso intenso de erosión de la negociación colectiva y de des-sindicalización de territorios extensos de la producción de bienes y servicios, no necesariamente coincidentes con la pequeña y mediana empresa. Estos procesos de desregulación colectiva implican el fortalecimiento del poder unilateral de los empleadores en la disposición del empleo y del tiempo de trabajo. No buscan la generación de empleo, como se afirma machaconamente por los dirigentes gubernamentales y las autoridades monetarias, sino la desestructuración del esquema representativo colectivo del trabajo y su confinamiento en un nivel de implantación reducido, reduciendo progresivamente su poder de negociación y de mediación representativa.

La vía que inician las "reformas estructurales" incorpora la lógica del intercambio entre empleo y derechos laborales. Es decir, que mantener el empleo o reducir el proceso de destrucción del mismo se obtiene a cambio de reducir o anular derechos laborales o de degradar el sistema de garantías del empleo. El intercambio entre estas dos magnitudes supone la ruptura del modelo social europeo en donde crecimiento, desarrollo y empleo deben ser acompañados por la consolidación de un fuerte conjunto de derechos laborales individuales y colectivos. En definitiva se trata de reproponer la vieja confrontación entre libertad de trabajo frente al reconocimiento del derecho al trabajo y sus garantías. No en vano solemne e insolentemente el presidente del Banco Central Europeo - que a su vez había tenido importantes responsabilidades en la división europea de Lehman Brothers - ha declarado que "el modelo social europeo está muerto"4.

La frase del presidente del BCE indica una cierta sobreactuación del personaje, más volcado en una afirmación ideológica de lo que puede ser que lo que realmente es, pero a la vez indica de forma meridiana cuáles son los propósitos de la élite burocrática y financiera que se ha apoderado del mando de la Unión Europea, la bien conocida "troika": FMI, BCE y Comisión europea. El desprecio por la construcción política y jurídica europea en torno a los derechos sociales y laborales no se corresponde con la vigencia formal de éstos tanto en el nivel supranacional como en las diversas constituciones de los estados miembros. Pero "los jefes de todo esto" - por utilizar el título de la conocida película de Lars Von Trier - anuncian el suicidio asistido de lo que ha caracterizado durante décadas la vía europea de crecimiento y desarrollo económico. Sus efectos se han ido manifestando en los ordenamientos "periféricos" en dificultades ante los mercados. El caso de España es, en este sentido, emblemático.

2. El contexto político de las reformas laborales ante la crisis en España

Pese al discurso dominante, la inidoneidad de la ley laboral para la creación de empleo es una conclusión razonada

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unánimemente por los juristas del trabajo5. Muy recientemente la ex presidenta del Tribunal Constitucional español lo ha recordado en su lección magistral al serle conferido el...

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