La política económica del tercer Gobierno Peronista y las principales rupturas entre las gestiones de Gelbard y Rodrigo
| Autor | Cecilia Vitto |
| Cargo | Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científi cas y Tecnicas (CONICET) |
| Páginas | 9-24 |
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El tercer gobierno peronista (25 de mayo de 1973 - 24 de marzo de 1976) representó uno de los períodos más complejos y controvertidos de la historia argentina reciente. El peronismo volvía al poder luego de dieciocho años de proscripción, en un contexto de significativa movilización social y de gran expectativa por parte de vastos sectores de la población. En tal contexto, la política económica delineada inicialmente no era ajena a estas perspectivas de cambio.
Esta propuesta, simbolizada en la figura de José Ber Gelbard (quien estuvo al frente del Ministerio de Economía entre la asunción del gobierno, en mayo de 1973, y octubre de 1974) residía en la implementación del Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, programa que expresaba una "alianza" entre los trabajadores organizados, el Estado y los empresarios nacionales. Apoyado en tales sectores, y en el marco del funcionamiento de la segunda etapa del régimen de acumulación de capital basado en la industrialización por sustitución de importaciones, el Plan establecía una planificación integral de la economía que se proponía, entre otras cuestiones, obtener la plena vigencia de la justicia social, garantizar una alta calidad de vida, contribuir a la integración latinoamericana, reconstruir el Estado, modificar la estructura tributaria del país y redimensionar las relaciones de fuerza en el agro y en la industria.
Por otro lado, luego de la gestión de Gómez Morales, en junio de 1975 asumió Celestino Rodrigo como ministro de Economía e implementó una fuerte devaluación y un significativo incremento tarifario, con el objetivo proclamado de mejorar las cuentas externas y fiscales.
Varios autores coinciden en señalar que el "Rodrigazo" implicó un fuerte quiebre respecto del programa inicial del tercer gobierno peronista (Restivo y Dellatorre, 2005; Abalo, 1976; Leyba, 2003; Horowicz, 2005; y Marongiu, 2006), dado que representaban proyectos antagónicos. Otra interpretación, en cambio, sostiene la existencia de una continuidad entre ambas políticas, señalando que las medidas efectuadas a mediados de 1975 eran una consecuencia "lógica" que se derivaba de las inconsistencias de la política inicial del gobierno (De Pablo, 1980), y argumentando que el "caos" económico que tuvo lugar con posterioridad al "Rodrigazo" - que incluía una significativa infiación junto con una paralización de la actividad económica - tenía su origen en las limitaciones del programa original (De Pablo, 1980; y Ferrer, 1977).
En tal sentido, la discusión sobre la existencia o no de un quiebre entre ambas políticas no resulta menor ya que conduce a una pregunta sustancial: ¿fue el programa de Gelbard el que generó la situación de crisis económica, o la misma se explica, fundamentalmente, por un giro en la política económica en el marco de las disputas políticas en el seno del peronismo? En tal contexto, este trabajo busca analizar la política económica llevada a cabo durante el tercer gobierno peronista. En particular, se pretende examinar las principales características que asumieron las gestiones de Gelbard y de Rodrigo, y las relaciones de continuidad y quiebre que pueden establecerse entre las mismas.
El trabajo está integrado por cinco apartados. En el primero, se presentan los principales lineamientos del programa económico de Gelbard, en el marco de la instrumentación del
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Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. En el segundo, se describen las principales características que asumió la política de shock llevada a cabo por Celestino Rodrigo en junio de 1975. En el tercero, se introducen las principales interpretaciones existentes sobre las líneas de continuidad y ruptura entre ambas políticas; mientras que, en el cuarto, se refiexiona sobre las principales vinculaciones que pueden establecerse entre el "Rodrigazo" y el proyecto inicial del tercer gobierno peronista, particularmente en lo referente a los objetivos y los resultados de las políticas implementadas. Por último, se presentan las conclusiones del trabajo.
El tercer gobierno peronista aunaba una diversidad de sectores con orientaciones y expectativas sumamente disímiles, cuya unidad se asentaba, básicamente, en la indiscutible figura de Perón. El núcleo central de la alianza que representaba el regreso del peronismo al poder, se encontraba en el movimiento sindical organizado en la CGT y en la agrupación empresaria que reunía a los pequeños y medianos empresarios nacionales (la CGE). La propuesta de dicha alianza tenía como uno de sus estandartes principales la defensa del mercado interno y de un capitalismo "nacional", con pleno empleo y con una distribución del ingreso favorable a los asalariados1.
El programa económico inicial del tercer gobierno peronista, residía, fundamentalmente, en la implementación del Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Este plan establecía una planificación integral de la economía que buscaba la "reconstrucción y la liberación nacional" y que abarcaba múltiples aspectos de la vida económica.
Una de las intenciones prioritarias del programa inicial del tercer gobierno peronista, era la búsqueda de compatibilizar la acumulación de capital con una distribución del ingreso más equitativa. El Plan preveía alcanzar, entre 1973 y 1977, una tasa de crecimiento de la producción de bienes y servicios del 7,5% anual acumulativo, ritmo que se apoyaría en una alta tasa de incremento de la inversión, en el aumento de la productividad del capital instalado y en la duplicación del volumen de las exportaciones de mercancías. Estas previsiones suponían una reorganización de la estructura económica y del capital que se encontraba asociada, fundamentalmente, a la promoción de la pequeña y mediana empresa, al estímulo a las exportaciones industriales y a la redefinición del papel del Estado2, y que implicaba, asimismo, un significativo redimensionamiento del poderío económico del sector agropecuario más concentrado3.
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El ritmo de crecimiento de la economía proyectado, debía ser un medio en pos de conducir a una transformación profunda de la estructura socioeconómica del país, considerándose esencial el logro de una distribución equitativa de los logros del progreso económico. Se pretendía garantizar, para el año 1977, una participación de los asalariados en el ingreso similar a la de 1955 (47,7%), lo que significaba un aumento de más de 5 puntos porcentuales respecto del valor de 1973.
De esta manera, se buscaba fomentar una redistribución del ingreso a favor de los asalariados, a partir de un incremento de los salarios reales por encima de la productividad media de la economía, previéndose un incremento de éstos del orden del 7% anual acumulativo. Asimismo, se preveía una expansión del empleo que suponía el logro de la plena ocupación para el año 1977, proyección que se encontraba estrechamente asociada a las metas de crecimiento económico e inversión.
En este marco, la política de ingresos se constituía en uno de los pilares principales del plan económico. La política económica llevada a cabo por Gelbard, tenía, como uno de sus núcleos centrales el denominado "Pacto Social", consistiendo, en términos generales, en una política concertada entre los sindicatos (la CGT), los empresarios (la CGE) y el Estado que incluía, luego de un incremento salarial inicial, un congelamiento de precios y salarios. A tal fin, una de las principales medidas que se puso en práctica fue un incremento de salarios (una suma fija de $200), a partir del primero de junio de 1973, que debió ser absorbido en su totalidad por el sector no asalariado, respetándose, asimismo, los aumentos por convenios ya pactados. Este aumento suponía un intento de paliar la fragmentación salarial dado que, al ser igual para todos, impactaba en mayor medida en los sectores con menores ingresos (Testa, 1975, p. 61)4. Una vez trasladados los mayores costos derivados del reajuste tarifario, los precios debían mantenerse congelados hasta el 1º de junio de 1975. Así como estos últimos, los salarios también debían mantenerse congelados hasta esta fecha, con un ajuste a mediados de 1974 por aumento de productividad.
El congelamiento de precios efectuado se complementaba asimismo con la reducción de los mismos de una serie de productos de la canasta familiar y de otros que afectaban el poder de compra de los asalariados - como alimentos, productos farmacéuticos, artículos de indumentaria y calzado - fijándose una disminución del valor de la carne en el mercado de Liniers y en las carnicerías, y estableciéndose un precio máximo para el trigo para asegurar importes razonables para la harina (Rougier y Fiszbein, 2006, p. 117). Estas medidas, aplicadas de manera conjunta con el incremento salarial señalado, pretendían no solamente contribuir al objetivo estructural de incrementar la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, sino también generar una estabilización en el corto plazo de los precios, buscando contener el proceso infiacionario.
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De esta manera, la política efectuada tenía un claro objetivo redistributivo. En primer lugar, la política tarifaria diferencial buscaba asumir un "sentido social", ya que los incrementos se establecerían según su impacto en la distribución del ingreso. En este mismo sentido puede considerarse la política de precios y salarios, en particular la suba de las remuneraciones llevada a cabo de manera conjunta con el...
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